Entre deudas, insumos cada vez más caros y precios que no compensan el esfuerzo, los arroceros de Los Ríos enfrentan una crisis que amenaza su sustento y pone en riesgo el futuro del campo
Redacción
Stuard Pincay Domínguez, Kenia Flores Caicedo, María Fernanda Anchico Tejada
A lo lejos, las espigas de arroz se mecen con el viento, cargadas no solo de grano, sino también de incertidumbre. En medio del cultivo, el agricultor observa cómo la cosechadora recoge meses de trabajo: madrugadas interminables, manos curtidas por la tierra y jornadas completas bajo un sol implacable. Para muchos productores, el día transcurre sin descanso y, a veces, sin alimento. Sembrar implica entregarlo todo con la esperanza de una recompensa que hoy parece cada vez más lejana.
“Recuperar la inversión puede tomar hasta seis meses”, explica Wilmar Vargas, agricultor del cantón Babahoyo. Sin embargo, asegura que la realidad actual ha golpeado con fuerza al sector arrocero. La caída del precio del grano, el incremento de los insumos agrícolas y la eliminación del subsidio al diésel han puesto en jaque a los pequeños productores de la provincia de Los Ríos.
Según Vargas, la situación es insostenible, pues la saca de arroz se comercializa alrededor de 24 dólares, mientras que los costos de producción continúan en ascenso. Fertilizantes, insecticidas y abonos han registrado incrementos significativos, a lo que se suma el alza del combustible. Antes pagaban aproximadamente 1,80 dólares por galón de diésel; hoy el precio alcanza los 2,77 dólares.
El impacto es directo: toda la maquinaria agrícola —cosechadoras, tractores y camiones— depende de este combustible. Además, el traslado del producto hacia los centros urbanos se ha encarecido, reduciendo drásticamente el margen de ganancia. A esto se suma, según Vargas, la negativa de las piladoras a pagar un precio mayor por el arroz. “Si pedimos un poco más, simplemente no compran”, relata.

Trabajar a pérdida

La inconformidad se repite entre los productores. Joffre Burbano, agricultor desde los 15 años, considera que el sector atraviesa uno de sus peores momentos. “En campaña nos dijeron que no iban a tocar el subsidio, pero hoy el diésel está por las nubes”, reclama.

Burbano explica que el costo de la cosechadora aumentó en 50 centavos por saca, al igual que el transporte. Asegura que esta situación no solo perjudica a los agricultores, sino también a los jornaleros, cuyo salario semanal de 120 dólares resulta insuficiente frente al costo de la canasta básica.

Recuerda que, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, un quintal de arroz se comercializaba a 44 dólares, un precio que —según él— permitía estabilidad económica. En la actualidad, el quintal bordea los 23 dólares, cifra insuficiente frente a los costos de producción. Solo un saco de urea, insumo esencial para el cultivo, tiene un precio aproximado de 33 dólares, sin contar herbicidas ni combustible.

Para Burbano, el subsidio al diésel no representa un gasto estatal, sino una inversión estratégica para garantizar la soberanía alimentaria. Advierte que el aumento sostenido de los insumos está empobreciendo al agricultor y poniendo en riesgo la continuidad de la actividad agrícola.

Plagas y cambio climático

A la crisis económica se suman factores ambientales. La ingeniera agrónoma María Isabel Hernández, productora arrocera de la zona, asegura que el precio actual del arroz no compensa la inversión. Según explica, el cambio climático ha favorecido la aparición de plagas que afectan gravemente los cultivos.

Una de las más recurrentes es la sogata negra, responsable de una disminución notable en la calidad del grano. Hernández califica la situación como “desesperante”, ya que muchos agricultores no saben cómo enfrentar pérdidas constantes en cada cosecha.

La ingeniera señala que una de las variedades más sembradas es el arroz transgénico, cuyo ciclo de cosecha dura aproximadamente tres meses, pero que resulta altamente vulnerable a la sogata. En contraste, la variedad SFL 11 ofrece mayor rendimiento, aunque su costo de producción es considerablemente más alto. Debido a los bajos precios de venta, la mayoría opta por la alternativa más económica, aun sabiendo los riesgos.

Ante la incertidumbre, algunos productores han reducido la inversión en insumos y preparación del terreno. “Muchos están dejando el cultivo a la buena de Dios”, advierte Hernández.

Una estructura de costos asfixiante

El analista económico especializado en agricultura, Rodolfo Cornejo Mora, manifiesta que la producción agrícola enfrenta una estructura de costos compleja. Entre los principales gastos figuran semillas certificadas, fertilizantes, plaguicidas, mano de obra, maquinaria, combustible y transporte, todos sujetos a fluctuaciones del mercado internacional.

Cornejo señala que la tecnificación agrícola puede mejorar la productividad y reducir pérdidas, pero requiere una inversión inicial elevada que resulta inaccesible para pequeños productores. Aunque la modernización genera beneficios a mediano plazo, la falta de capital limita su implementación en gran parte del sector.

A pesar de la crisis, el arroz sigue siendo un cultivo estratégico para la economía nacional. Al tratarse de un alimento básico, su demanda es constante y contribuye a la seguridad alimentaria del país. Además, genera empleo rural y dinamiza el comercio interno.

Sin embargo, mientras las cosechadoras avanzan entre los sembríos, la incertidumbre crece en el campo. Los agricultores temen que, sin medidas urgentes, sembrar deje de ser sinónimo de sustento y se convierta en una actividad condenada al abandono.


Por otro lado, la inversión en tecnología y maquinaria agrícola se ha convertido en un factor decisivo para la rentabilidad del sector. La incorporación de equipos modernos permite aumentar la productividad por hectárea, optimizar recursos y reducir costos de mano de obra. También mejora la precisión en procesos clave como la siembra, el riego y la fertilización, disminuyendo pérdidas derivadas de errores operativos o de la presencia de plagas. Sin embargo, estas innovaciones exigen una inversión inicial elevada y gastos permanentes de mantenimiento, lo que dificulta su acceso para pequeños productores. Aun así, en el mediano y largo plazo, la tecnificación suele traducirse en mayores ingresos y en una gestión más eficiente de la producción.

Los cultivos estratégicos como el arroz cumplen un rol fundamental en la economía agrícola. Al ser un alimento básico de consumo masivo, su demanda se mantiene constante, lo que aporta estabilidad a los ingresos de los productores y fortalece la seguridad alimentaria del país. Además, su cadena productiva genera empleo en las zonas rurales y dinamiza el comercio interno y externo. Para evaluar la rentabilidad de esta actividad, se utilizan indicadores económicos como los costos de producción, los ingresos totales, la ganancia neta, el índice de rentabilidad y la relación beneficio-costo, herramientas que permiten medir la eficiencia de la inversión y orientar la toma de decisiones productivas.
De acuerdo con el Boletín Situacional del Arroz 2024, en el Ecuador existen 62.654 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) dedicadas al cultivo de arroz, cifra que representa el número estimado de productores a nivel nacional. La actividad se concentra de manera casi absoluta en las provincias de Guayas y Los Ríos, responsables de aproximadamente el 95 % de la producción nacional. Esta alta concentración revela no solo la importancia económica del arroz, sino también la fuerte dependencia social de estas provincias respecto a un solo rubro agrícola.
El impacto del sector va más allá de las cifras productivas. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAG), cerca de 84 mil personas participan directamente en la producción primaria del arroz, y el 79 % de esa mano de obra corresponde a trabajo familiar. En muchos casos, se trata de pequeñas unidades productivas donde padres, madres e hijos comparten las labores del campo, en una dinámica que combina tradición, esfuerzo y supervivencia económica.
Esta realidad confirma que el arroz cumple un doble papel estratégico: garantiza la seguridad alimentaria del país y, al mismo tiempo, se constituye en una de las principales fuentes de empleo rural. Aunque el número de productores es una estimación técnica basada en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC 2024) del INEC, se trata del dato oficial más actualizado para dimensionar la magnitud del sector.
Garantizar precios justos, acceso a asistencia técnica y condiciones dignas para quienes dependen de esta actividad será clave para proteger no solo la producción, sino también a las familias que, generación tras generación, han encontrado en el arroz su principal medio de vida.

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