Expertos y protagonistas coinciden en que la igualdad educativa requiere combatir prejuicios, fortalecer la autoestima y construir redes de apoyo que protejan a las personas con discapacidad desde la infancia Redacción Génesis Frutos González, Emily Vaca Martillo, Jean Bodero Lindao, Anthony Castro Santos La adaptación educativa va mucho más allá de asignar un asiento en el aula. Implica la construcción de un ecosistema de apoyo integral orientado a garantizar la igualdad de oportunidades y a erradicar toda forma de discriminación. En el complejo entramado del sistema educativo ecuatoriano, la palabra "inclusión" suele aparecer en reglamentos y discursos oficiales. Sin embargo, en la práctica, es un tejido que se construye hilo a hilo, entre el aula, el hogar y los centros especializados. El reto es mayúsculo: no se trata solo de abrir las puertas de las escuelas, sino de derribar los muros invisibles del prejuicio y la exclusión emocional. Geoconda Soledispa, directora del Centro Municipal 4 de Enero, destaca que el éxito de este proceso depende de un programa multidisciplinario que proteja la integridad del estudiante dentro y fuera del entorno escolar. Según explica Soledispa, la exclusión no solo limita el aprendizaje, sino que hiere profundamente la estructura psicológica de las personas con discapacidad. "La autoestima es uno de los aspectos más vulnerables. La falta de condiciones equitativas para participar suele derivar en cuadros de depresión y ansiedad", señala la directora. Para mitigar estos riesgos, el centro emplea un equipo multidisciplinario de psicólogos y terapeutas. Sin embargo, recalca que la verdadera prevención del bullying y la promoción de la empatía comienzan con un llamado a la sociedad y al sistema educativo para priorizar el bienestar emocional desde la primera infancia. La teoría de la inclusión cobra rostro en la pequeña figura de Tito Daniel Fuentes, un niño de 7 años con discapacidad visual severa debido al síndrome de displasia frontonasal y microftalmia. Su madre, Andrea Fuentes, recuerda el impacto del diagnóstico: “Al principio me sentí frustrada, triste y desorientada. No sabía a quién acudir”. Su búsqueda de respuestas la llevó al Centro de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual, donde Tito ingresó a los seis meses de edad. Allí, tras un proceso de estimulación temprana y terapia física, el menor no solo aprendió las vocales en Braille, sino que demostró una capacidad excepcional para la tecnología. Actualmente, cursa el tercer año de básica en una escuela regular, donde destaca por su manejo del ábaco y la computadora, superando incluso las habilidades de sus compañeros videntes. Para Andrea, el éxito de su hijo se basa en un triángulo de ayuda: El centro de apoyo especializado, la escuela regular y la familia como pilar cotidiano. La inclusión nace en el hogar Sin embargo, no todos los caminos son tan fáciles. María Eugenia Cortés Orellana, docente que perdió la visión a los dos años, aporta una perspectiva crítica y necesaria: la inclusión comienza en casa, pero a menudo allí es donde también empieza la exclusión. "Cuando la familia acepta la discapacidad, el niño va a la escuela más seguro", afirma Cortés. La docente advierte sobre la "trampa de la sobreprotección". Aunque nace del afecto, el exceso de cuidado puede anular la autonomía del estudiante, impidiéndole desarrollar habilidades básicas de supervivencia social. Para ella, la clave está en el diálogo constante entre el docente y el psicólogo, utilizando la tecnología como un aliado, pero sin olvidar que la verdadera barrera es psicológica, no arquitectónica. La voz de la juventud también se hace presente a través de Édgar Peñafiel, de 17 años. A pesar de haber enfrentado momentos de exclusión, resalta el papel fundamental de los compañeros y docentes empáticos. Su mensaje es claro para quienes atraviesan retos similares: “Nunca se rindan. La discapacidad no es un obstáculo para alcanzar metas, sino una oportunidad para inspirar y transformar la sociedad”. La inclusión educativa, como sugiere la catedrática Cortés, es un camino de doble vía. Mientras los estudiantes con discapacidad trabajan arduamente por integrarse en un mundo diseñado para videntes, la sociedad tiene la obligación de ofrecer la apertura y la sensibilidad necesarias. El interés de las nuevas generaciones en estos temas es, quizás, la señal más clara de que estamos avanzando hacia un mundo donde la discapacidad no sea un impedimento, sino simplemente una de las tantas facetas de la diversidad humana. Responsabilidad del Estado De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador, en los numerales 7 y 8, el Estado debe garantizar políticas de prevención, inclusión y equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. En el ámbito educativo, esto implica asegurar recursos, apoyos técnicos y materiales accesibles —como braille, audiolibros y tecnologías adaptativas— así como la capacitación docente que permitan a los estudiantes con discapacidad visual ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones.
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El embarazo adolescente sigue creciendo entre vacíos y tabúes La falta de educación sexual, la violencia normalizada y el silencio en las aulas siguen empujando a miles de niñas y jóvenes a convertirse en madres Redacción Mayerli Morla Hoyos, Nicolás Murillo Chévez, Melanie Moreira Caicedo El embarazo adolescente continúa siendo uno de los principales desafíos sociales y educativos en Ecuador. Aunque el país cuenta con un marco legal que garantiza el derecho a una educación sexual integral, la realidad en las aulas y en los hogares revela profundas brechas entre la normativa y su aplicación efectiva. La falta de información, la violencia sexual y la ausencia de acompañamiento familiar siguen marcando la vida de miles de niñas y adolescentes. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 347, establece como responsabilidad del Estado garantizar que todas las instituciones educativas impartan educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente desde un enfoque de derechos. Esta disposición convierte a la Educación Integral en Sexualidad (EIS) en un mandato obligatorio del sistema educativo. De igual forma, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su artículo 6, señala que el Estado debe asegurar una educación pública de calidad basada en los principios de equidad, igualdad y no discriminación. Sin embargo, las cifras y los testimonios evidencian que este derecho no se cumple de manera efectiva. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP), el embarazo en niñas y adolescentes responde a múltiples factores estructurales, entre ellos la falta de educación sexual integral, las barreras de acceso a servicios de salud, las necesidades básicas insatisfechas y la normalización de la violencia sexual y las uniones tempranas. En mayo de 2025, esta problemática fue declarada tema social prioritario, lo que impulsó la articulación de políticas públicas orientadas a la prevención. En el ámbito educativo, el MSP reporta la capacitación de más de 400 profesionales de la educación en herramientas de asesoría en salud sexual y reproductiva, así como la priorización de 1.133 instituciones educativas para la implementación de la EIS. No obstante, organizaciones sociales y especialistas coinciden en que estos esfuerzos aún resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Violencia sexual y desinformación: causas invisibilizadas Desde la experiencia de CEPAM Guayaquil, organización feminista que brinda atención psicológica y legal a víctimas de violencia, el embarazo adolescente no puede entenderse únicamente como una consecuencia de la falta de información sobre métodos anticonceptivos. Para la organización, se trata de una problemática social atravesada por la violencia sexual, la desinformación y la ausencia de una educación sexual efectiva. La psicóloga Joselyn Pispira, gestora de comunicación e investigación de CEPAM, explica que muchos embarazos adolescentes tienen su origen en situaciones de violencia sexual que ocurren, en gran parte, dentro del entorno familiar. “En muchos casos, las adolescentes no identifican que están siendo víctimas de violencia porque estas prácticas se encuentran socialmente naturalizadas”, señala. La falta de Educación Integral en Sexualidad impide que niñas y adolescentes cuenten con herramientas para reconocer el abuso y comprender que estas agresiones no forman parte de relaciones afectivas normales. A ello se suma la desinformación proveniente de redes sociales, donde persisten mitos sobre métodos anticonceptivos y se distorsiona gravemente el concepto de consentimiento. El aula: entre el silencio y la falta de preparación docente Aunque el Ministerio de Educación contempla lineamientos para abordar la educación sexual en las instituciones educativas, en la práctica estos temas suelen evitarse. Así lo señala la docente Mónica Arellano Gómez, quien advierte que muchos directivos y profesores no abordan estos contenidos por falta de formación y herramientas pedagógicas. Desde su experiencia, Arellano explica que los programas existentes se centran principalmente en un enfoque preventivo básico, limitado a los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. “No se profundiza en aspectos clave como el respeto al cuerpo, el consentimiento y la responsabilidad emocional, que son fundamentales para prevenir el embarazo adolescente”, sostiene. La docente enfatiza que la falta de capacitación especializada es uno de los principales obstáculos para una educación sexual efectiva. “Los docentes podemos hablar desde experiencias personales, pero no desde una formación completamente informativa. Es necesario el acompañamiento de profesionales de la salud”, afirma. La familia y el acompañamiento institucional Katherine Tapia Cruz, psicóloga del colegio militar Teniente Hugo Ortiz, identifica la falta de comunicación entre padres e hijos como una de las principales causas del embarazo adolescente. Según la especialista, durante la etapa del bachillerato se evidencia un distanciamiento de los representantes legales con la institución educativa, lo que genera vacíos de información en el desarrollo biopsicosocial de los estudiantes. Tapia explica que, en su institución, la educación sexual se aborda de forma transversal dentro de la asignatura de Biología y mediante charlas preventivas adaptadas a cada etapa educativa. En casos de embarazo adolescente, se implementa la modalidad de educación asistida en el hogar, conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación, con el objetivo de evitar la deserción escolar. Desde el ámbito de la salud, la enfermera Emely Limones advierte que el embarazo en edades tempranas no debe verse solo como una cifra estadística, sino como una situación de alto riesgo médico y social. Entre las principales complicaciones se encuentran la preeclampsia, el parto prematuro y un fuerte impacto emocional que puede truncar el proyecto de vida de las jóvenes. Limones destaca que los centros de salud brindan asesoría en salud sexual y reproductiva de manera confidencial y sin prejuicios, y subraya que la educación sexual debe entenderse como un derecho y una herramienta pública, no como un tabú. Educación sexual pendiente: cuando el silencio también educa Diana Calderón, del colegio Carlos Estarella Avilés, coincide en que la educación sexual integral sigue siendo una deuda pendiente en el sistema educativo. Para la especialista, prevenir el embarazo adolescente requiere un enfoque articulado entre el Estado, la escuela, la familia y la comunidad, así como la capacitación continua de los docentes y el acompañamiento de profesionales de la salud. “El respeto al cuerpo, el consentimiento y la toma de decisiones informadas son pilares fundamentales para que los adolescentes construyan un futuro seguro”, concluye Calderón. El embarazo adolescente no es un problema individual, sino una consecuencia de fallas estructurales en la educación, la protección y el acceso a derechos. Reducir su incidencia exige pasar del discurso a la acción y garantizar, en la práctica, una educación sexual integral que informe, prevenga y empodere a niñas, niños y adolescentes en todo el país. En muchas aulas del país, la educación sexual sigue siendo un tema que se menciona de forma tímida o, en algunos casos, se evita por completo. Aunque el Ministerio de Educación establece lineamientos para su abordaje, en la práctica estos contenidos no siempre llegan a los estudiantes con la profundidad necesaria. Así lo advierte Mónica Arellano Gómez, docente con amplia experiencia, quien señala que la falta de preparación y de herramientas pedagógicas limita el tratamiento adecuado de estos temas en las instituciones educativas. Según Arellano, la información que reciben los adolescentes suele ser superficial o incompleta, lo que reduce su capacidad para comprender su cuerpo, sus vínculos afectivos y la importancia de tomar decisiones responsables. “Se habla de prevención, pero no de formación integral”, explica, al referirse a programas que priorizan los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual, dejando de lado aspectos fundamentales como el respeto al cuerpo propio y ajeno, el consentimiento y la responsabilidad emocional. Para la docente, esta carencia no responde a la falta de interés, sino a la ausencia de formación especializada. Reconoce que muchos profesores abordan la educación sexual desde experiencias personales o relatos cercanos, pero no desde una preparación técnica y pedagógica sólida. Por ello, insiste en la necesidad de que profesionales de la salud y especialistas acompañen estos procesos para garantizar una educación clara, correcta y verdaderamente formativa. Una historia que revela las consecuencias La falta de información y diálogo se refleja en historias como la de Alexis León, madre de una adolescente que enfrentó un embarazo a temprana edad. La noticia llegó de forma inesperada y estuvo marcada por la sorpresa y la preocupación. Sin embargo, Alexis decidió asumir la situación con serenidad, convencida de que el castigo o la confrontación no resolverían el problema ni devolverían el tiempo atrás. Optó por acompañar a su hija y ayudarla a comprender la magnitud de la responsabilidad que estaba por asumir, sin truncar sus proyectos de vida. Durante el embarazo, la adolescente tuvo que enfrentar críticas, miedos e incertidumbres, además de la presión social que suele recaer sobre las jóvenes en esta situación. El apoyo constante de su madre fue un pilar fundamental para atravesar esta etapa. No fue un camino fácil. La joven vivió episodios de discriminación tanto en el colegio como en su entorno social. Sus relaciones cambiaron, su rutina se transformó y, junto a los cambios físicos del embarazo, surgieron alteraciones emocionales que afectaron su bienestar psicológico. El proceso de adaptación fue complejo y doloroso, especialmente porque el embarazo fue detectado cuando ya tenía varios meses de gestación, lo que intensificó el impacto emocional. Ante esta realidad, la familia buscó apoyo profesional. La intervención psicológica permitió que la adolescente, poco a poco, aceptara su embarazo y comprendiera que estaba gestando una nueva vida. Ese acompañamiento fue clave para fortalecer su estabilidad emocional y enfrentar el proceso con mayor resiliencia. Hoy, tanto la joven como su hija se encuentran en buen estado, una muestra de que el acompañamiento familiar y el acceso oportuno a apoyo psicológico pueden marcar una diferencia significativa. Su historia pone rostro a una problemática que va más allá de las cifras y los discursos institucionales. El embarazo adolescente no es solo una experiencia individual, sino una realidad social que evidencia la urgencia de una educación sexual integral, basada en el diálogo, la información y la corresponsabilidad. Escuchar, orientar y acompañar sigue siendo una de las herramientas más poderosas para prevenir y enfrentar una situación que requiere el compromiso de la familia, la escuela y la sociedad en su conjunto.
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Jugar fútbol no debe ser un privilegio El talento nace en los barrios, pero la falta de recursos económicos impide que muchos jóvenes lleguen a las divisiones profesionales. Redacción Angie Jiménez Mejía, Carolyn Mero Delgado, Pedro Palomino Mina, Gregory Reyes Calberto, Gianella Suárez Parreño En Ecuador, el fútbol no es solo un deporte: es una oportunidad para salir de la pobreza. Una ilusión que nace en las calles, en las canchas de tierra y en los barrios donde un balón se convierte en la primera esperanza de movilidad social. Desde temprana edad, miles de niños y jóvenes sueñan con vestir la camiseta de un club profesional, impulsados por referentes nacionales y por la posibilidad de cambiar su destino. Sin embargo, ese sueño suele apagarse lejos de los estadios, marcado por profundas desigualdades sociales y económicas. La exclusión en el fútbol ecuatoriano es una realidad silenciosa que afecta principalmente a jóvenes provenientes de sectores vulnerables. Aunque el talento emerge en distintos rincones del país, el acceso a oportunidades deportivas sigue siendo desigual. Para muchos, el camino hacia el profesionalismo no se detiene por falta de capacidad, sino por la ausencia de recursos, apoyo institucional y políticas inclusivas que garanticen condiciones mínimas de igualdad. Este reportaje explora la exclusión social en el fútbol ecuatoriano a través de múltiples miradas: la investigativa, la empresarial, la técnica, la familiar y la juvenil. Los testimonios recogidos revelan un sistema que, más allá del discurso meritocrático, reproduce brechas sociales que condicionan el futuro de cientos de jóvenes aspirantes. Ellos enfrentan barreras económicas constantes: el costo de uniformes, inscripciones, alimentación y transporte diario hacia los entrenamientos se convierte en un obstáculo difícil de superar. Esta realidad es aún más cruda en zonas rurales y barrios periféricos, donde las familias sobreviven con ingresos limitados. A estas dificultades se suman factores sociales y familiares. Muchos de los aspirantes deben abandonar el deporte para trabajar, apoyar económicamente a sus hogares o priorizar los estudios ante la falta de alternativas. Además, la escasa infraestructura deportiva y la limitada presencia de programas inclusivos profundizan la brecha. La mayoría de las oportunidades se concentran en las grandes ciudades, obligando a los talentos de otras zonas a desistir antes de ser vistos. El fútbol como negocio: talento sin garantías Desde el ámbito empresarial, Kevin Delgado, empresario de 32 años y figura clave en Barcelona Sporting Club, sostiene que el fútbol debe comprenderse como una industria que exige planificación, estrategia y sostenibilidad. Con una trayectoria iniciada a los 18 años, Delgado ha logrado construir una visión que combina juventud, experiencia y lectura del mercado deportivo. Como empresario en Barcelona SC, su rol es multifacético, pues identifica y evalúa perfiles de jugadores que se alineen con la identidad y objetivos del club, asegurando que cada incorporación sea sostenible financieramente y aporte valor al equipo. Además, actúa como un puente estratégico entre el club, los jugadores y los inversionistas, conectando las ambiciones deportivas del jugador con los objetivos institucionales de la directiva. Delgado destaca la importancia de la comunicación y la transparencia con socios e inversionistas para garantizar la confianza y el éxito de las operaciones. Para él, el talento es indispensable, pero insuficiente si no está acompañado de disciplina, actitud y estabilidad emocional. “Una buena inversión no solo mide lo que el jugador hace en la cancha, sino su capacidad para sostener el rendimiento bajo presión y proyectarse a largo plazo”, señala. En su rol dentro del club, identifica perfiles que se ajusten a la identidad institucional y evalúa que cada incorporación sea viable tanto en lo deportivo como en lo financiero. Sin embargo, esta lógica de inversión deja fuera a muchos jóvenes que, pese a su talento, no logran cumplir con las condiciones mínimas para ser considerados. De cara al futuro, Delgado destaca que la tecnología y la marca personal del futbolista marcarán nuevas diferencias en el mercado, lo que podría ampliar aún más la brecha si no se aplican políticas de inclusión. El talento que se pierde en el camino Desde la dirección técnica, Guillermo Jordán Bennet Púas, entrenador del Club Internacional Guayaquil, advierte que la falta de recursos económicos es una de las principales causas del abandono temprano en el fútbol formativo. “Es frustrante ver cómo chicos con condiciones se quedan fuera por razones ajenas al talento”, afirma. El entrenador explica que muchos de estos jóvenes provienen de hogares vulnerables, lo que limita su permanencia en los equipos. Aun así, reconoce que algunos logran transformar la adversidad en motivación personal. Para evitar la deserción, considera fundamental un enfoque integral que incluya apoyo psicológico, social y educativo, además de facilidades de transporte que garanticen la continuidad del proceso deportivo. La exclusión en el fútbol también impacta directamente en las familias. Jennifer Andrade, madre de Daniel, un joven de 15 años, relata que su hijo tuvo que abandonar el Club Independiente del Valle por falta de recursos económicos, a pesar de haber demostrado talento y compromiso. “Me siento triste por no poder ayudar a que cumpla su deseo de jugar en una gran liga”, expresa. La familia debía asumir gastos relacionados con pasajes, uniformes y equipamiento deportivo, que se sumaban a los gastos cotidianos del hogar. Además, los entrenamientos se realizaban después de la jornada escolar, lo que complicaba la organización del tiempo y el traslado diario. Una situación similar vive Karen Miranda, madre de Mateo, de 16 años, quien también tuvo que dejar Barcelona Sporting Club por no poder costear los pasajes hacia los entrenamientos. Según cuenta, gastaba aproximadamente 80 dólares mensuales solo en transporte, sin incluir el costo del uniforme y los implementos deportivos. Ambas madres coinciden en que el fútbol tiene el potencial de cambiar vidas, pero sostienen que sin apoyo económico resulta imposible sostener el proceso formativo. Para ellas, es urgente que los clubes y las autoridades implementen becas y programas de apoyo dirigidos a jóvenes talentosos de escasos recursos. Consideran que buscar talento en los barrios y eliminar la discriminación por origen social o económico son pasos fundamentales para transformar esta realidad. Ambas madres coinciden en que el fútbol puede cambiar vidas, pero sostienen que sin apoyo económico el talento termina quedándose en el camino. Un sueño que se resiste a desaparecer Carlos Isaac Piza Calberto encarna la historia de cientos de jóvenes que, pese a las limitaciones económicas, se niegan a abandonar su sueño de ser futbolista profesional. Entrena de manera constante y cuenta con el respaldo de su familia, un apoyo clave para sostener la motivación. Consciente de las dificultades del camino, Carlos Isaac cree que el talento y el esfuerzo deberían pesar más que el dinero. Su mensaje es claro: no rendirse, incluso cuando el sistema parece jugar en contra. No cumplir el sueño de convertirse en profesional puede tener un profundo impacto en la salud mental. El psicólogo Marcos Tulio Mendívez explica que esta experiencia suele vivirse como una pérdida significativa, ya que el proyecto deportivo concentra años de esfuerzo, disciplina y expectativas. Cuando no se concreta, el deportista puede enfrentar emociones intensas como tristeza, frustración, culpa, envidia e incertidumbre frente al futuro. Si ese sueño se construyó desde la infancia, termina integrándose a la identidad personal. Por eso, el fracaso no solo afecta metas externas, sino también la autoestima y el sentido de quién se es, pudiendo desencadenar una crisis de identidad. Frente a este escenario, resulta clave reconocer y validar la pérdida, separar el valor personal de los logros alcanzados y abrirse a la construcción de nuevos proyectos de vida. El acompañamiento social y profesional, junto con prácticas como el mindfulness, puede ayudar a resignificar la experiencia y convertir la frustración en un punto de partida para nuevas motivaciones. No todo el panorama es desolador. En la página web del Municipio de Guayaquil se informa que renovaron un convenio de cooperación con la Junta de Beneficencia convirtiéndose en una alianza que refuerza la posición de la ciudad como Capital Americana del Deporte 2026, reconocimiento internacional que valida la apuesta por el deporte como herramienta de inclusión y transformación social. Gracias a este proyecto Escuelas de Fútbol JBG desarrollado junto al Club Ibérico Atlético de Madrid como aliado estratégico se contempla el incremento de 15 a 20 escuelas en canchas municipales y la ampliación del número de beneficiarios entre 7.000 a 10.000 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El problema es que los interesados en convertirse en futbolistas profesionales desconocen sobre cómo acceder a este beneficio. Más allá del gol La exclusión en el fútbol ecuatoriano no es solo un problema deportivo; es un reflejo de las desigualdades sociales que atraviesan al país. Mientras el talento continúa emergiendo en los barrios y comunidades, la falta de acceso equitativo a oportunidades sigue truncando sueños antes de llegar a la cancha profesional. Reconocer esta realidad es el primer paso para transformar un sistema que, hasta ahora, ha dejado fuera a quienes más necesitan una oportunidad. En un país donde el fútbol moviliza pasiones y esperanzas, la verdadera victoria será cuando el talento deje de depender del dinero para poder jugar.
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Entre deudas, insumos cada vez más caros y precios que no compensan el esfuerzo, los arroceros de Los Ríos enfrentan una crisis que amenaza su sustento y pone en riesgo el futuro del campo Redacción Stuard Pincay Domínguez, Kenia Flores Caicedo, María Fernanda Anchico Tejada A lo lejos, las espigas de arroz se mecen con el viento, cargadas no solo de grano, sino también de incertidumbre. En medio del cultivo, el agricultor observa cómo la cosechadora recoge meses de trabajo: madrugadas interminables, manos curtidas por la tierra y jornadas completas bajo un sol implacable. Para muchos productores, el día transcurre sin descanso y, a veces, sin alimento. Sembrar implica entregarlo todo con la esperanza de una recompensa que hoy parece cada vez más lejana. “Recuperar la inversión puede tomar hasta seis meses”, explica Wilmar Vargas, agricultor del cantón Babahoyo. Sin embargo, asegura que la realidad actual ha golpeado con fuerza al sector arrocero. La caída del precio del grano, el incremento de los insumos agrícolas y la eliminación del subsidio al diésel han puesto en jaque a los pequeños productores de la provincia de Los Ríos. Según Vargas, la situación es insostenible, pues la saca de arroz se comercializa alrededor de 24 dólares, mientras que los costos de producción continúan en ascenso. Fertilizantes, insecticidas y abonos han registrado incrementos significativos, a lo que se suma el alza del combustible. Antes pagaban aproximadamente 1,80 dólares por galón de diésel; hoy el precio alcanza los 2,77 dólares. El impacto es directo: toda la maquinaria agrícola —cosechadoras, tractores y camiones— depende de este combustible. Además, el traslado del producto hacia los centros urbanos se ha encarecido, reduciendo drásticamente el margen de ganancia. A esto se suma, según Vargas, la negativa de las piladoras a pagar un precio mayor por el arroz. “Si pedimos un poco más, simplemente no compran”, relata. Trabajar a pérdida La inconformidad se repite entre los productores. Joffre Burbano, agricultor desde los 15 años, considera que el sector atraviesa uno de sus peores momentos. “En campaña nos dijeron que no iban a tocar el subsidio, pero hoy el diésel está por las nubes”, reclama. Burbano explica que el costo de la cosechadora aumentó en 50 centavos por saca, al igual que el transporte. Asegura que esta situación no solo perjudica a los agricultores, sino también a los jornaleros, cuyo salario semanal de 120 dólares resulta insuficiente frente al costo de la canasta básica. Recuerda que, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, un quintal de arroz se comercializaba a 44 dólares, un precio que —según él— permitía estabilidad económica. En la actualidad, el quintal bordea los 23 dólares, cifra insuficiente frente a los costos de producción. Solo un saco de urea, insumo esencial para el cultivo, tiene un precio aproximado de 33 dólares, sin contar herbicidas ni combustible. Para Burbano, el subsidio al diésel no representa un gasto estatal, sino una inversión estratégica para garantizar la soberanía alimentaria. Advierte que el aumento sostenido de los insumos está empobreciendo al agricultor y poniendo en riesgo la continuidad de la actividad agrícola. Plagas y cambio climático A la crisis económica se suman factores ambientales. La ingeniera agrónoma María Isabel Hernández, productora arrocera de la zona, asegura que el precio actual del arroz no compensa la inversión. Según explica, el cambio climático ha favorecido la aparición de plagas que afectan gravemente los cultivos. Una de las más recurrentes es la sogata negra, responsable de una disminución notable en la calidad del grano. Hernández califica la situación como “desesperante”, ya que muchos agricultores no saben cómo enfrentar pérdidas constantes en cada cosecha. La ingeniera señala que una de las variedades más sembradas es el arroz transgénico, cuyo ciclo de cosecha dura aproximadamente tres meses, pero que resulta altamente vulnerable a la sogata. En contraste, la variedad SFL 11 ofrece mayor rendimiento, aunque su costo de producción es considerablemente más alto. Debido a los bajos precios de venta, la mayoría opta por la alternativa más económica, aun sabiendo los riesgos. Ante la incertidumbre, algunos productores han reducido la inversión en insumos y preparación del terreno. “Muchos están dejando el cultivo a la buena de Dios”, advierte Hernández. Una estructura de costos asfixiante El analista económico especializado en agricultura, Rodolfo Cornejo Mora, manifiesta que la producción agrícola enfrenta una estructura de costos compleja. Entre los principales gastos figuran semillas certificadas, fertilizantes, plaguicidas, mano de obra, maquinaria, combustible y transporte, todos sujetos a fluctuaciones del mercado internacional. Cornejo señala que la tecnificación agrícola puede mejorar la productividad y reducir pérdidas, pero requiere una inversión inicial elevada que resulta inaccesible para pequeños productores. Aunque la modernización genera beneficios a mediano plazo, la falta de capital limita su implementación en gran parte del sector. A pesar de la crisis, el arroz sigue siendo un cultivo estratégico para la economía nacional. Al tratarse de un alimento básico, su demanda es constante y contribuye a la seguridad alimentaria del país. Además, genera empleo rural y dinamiza el comercio interno. Sin embargo, mientras las cosechadoras avanzan entre los sembríos, la incertidumbre crece en el campo. Los agricultores temen que, sin medidas urgentes, sembrar deje de ser sinónimo de sustento y se convierta en una actividad condenada al abandono. Por otro lado, la inversión en tecnología y maquinaria agrícola se ha convertido en un factor decisivo para la rentabilidad del sector. La incorporación de equipos modernos permite aumentar la productividad por hectárea, optimizar recursos y reducir costos de mano de obra. También mejora la precisión en procesos clave como la siembra, el riego y la fertilización, disminuyendo pérdidas derivadas de errores operativos o de la presencia de plagas. Sin embargo, estas innovaciones exigen una inversión inicial elevada y gastos permanentes de mantenimiento, lo que dificulta su acceso para pequeños productores. Aun así, en el mediano y largo plazo, la tecnificación suele traducirse en mayores ingresos y en una gestión más eficiente de la producción. Los cultivos estratégicos como el arroz cumplen un rol fundamental en la economía agrícola. Al ser un alimento básico de consumo masivo, su demanda se mantiene constante, lo que aporta estabilidad a los ingresos de los productores y fortalece la seguridad alimentaria del país. Además, su cadena productiva genera empleo en las zonas rurales y dinamiza el comercio interno y externo. Para evaluar la rentabilidad de esta actividad, se utilizan indicadores económicos como los costos de producción, los ingresos totales, la ganancia neta, el índice de rentabilidad y la relación beneficio-costo, herramientas que permiten medir la eficiencia de la inversión y orientar la toma de decisiones productivas. De acuerdo con el Boletín Situacional del Arroz 2024, en el Ecuador existen 62.654 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) dedicadas al cultivo de arroz, cifra que representa el número estimado de productores a nivel nacional. La actividad se concentra de manera casi absoluta en las provincias de Guayas y Los Ríos, responsables de aproximadamente el 95 % de la producción nacional. Esta alta concentración revela no solo la importancia económica del arroz, sino también la fuerte dependencia social de estas provincias respecto a un solo rubro agrícola. El impacto del sector va más allá de las cifras productivas. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAG), cerca de 84 mil personas participan directamente en la producción primaria del arroz, y el 79 % de esa mano de obra corresponde a trabajo familiar. En muchos casos, se trata de pequeñas unidades productivas donde padres, madres e hijos comparten las labores del campo, en una dinámica que combina tradición, esfuerzo y supervivencia económica. Esta realidad confirma que el arroz cumple un doble papel estratégico: garantiza la seguridad alimentaria del país y, al mismo tiempo, se constituye en una de las principales fuentes de empleo rural. Aunque el número de productores es una estimación técnica basada en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC 2024) del INEC, se trata del dato oficial más actualizado para dimensionar la magnitud del sector. Garantizar precios justos, acceso a asistencia técnica y condiciones dignas para quienes dependen de esta actividad será clave para proteger no solo la producción, sino también a las familias que, generación tras generación, han encontrado en el arroz su principal medio de vida.
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El uso excesivo del celular fragmenta la atención, afecta el rendimiento académico transformando la dinámica escolar, mientras especialistas alertan sobre sus efectos emocionales y sociales. Redacción: Michelle Suárez Arboleda, Mariana Ayala Álvarez, Amarilis Polanco Zambrano, Karen Choez Menoscal En las aulas actuales de escuelas, colegios y universidades, el uso de laboratorios con tablet o celulares se ha vuelto habitual como los cuadernos y los lápices, pero su empleo constante está afectando el proceso de aprendizaje. Las notificaciones y el entretenimiento compiten con la atención al docente, fragmentan la concentración y reducen el tiempo efectivo de estudio, convirtiéndose en uno de los principales desafíos del sistema educativo. El impacto negativo también se refleja en la convivencia escolar. El uso excesivo de los dispositivos disminuye la interacción entre compañeros, fomenta el aislamiento y debilita el trabajo colaborativo, limitando el desarrollo de habilidades sociales fundamentales para la formación integral de niños y jóvenes. No obstante, especialistas coinciden en que el celular no es negativo por sí mismo. Utilizado con supervisión y fines pedagógicos, puede convertirse en una herramienta valiosa mediante aplicaciones a través de recursos digitales. Sin embargo, su uso descontrolado puede perjudicar el rendimiento académico de los estudiantes. Estas afirmaciones coinciden con criterios de profesionales en psicología, educación y sociología consultados durante esta investigación. Impacto emocional y social El psicólogo clínico Marlon Rosales advierte que entregar un celular a un niño implica mucho más que facilitarle un dispositivo tecnológico. “Darle un celular a un niño es darle un estilo de vida; es una forma de crianza que puede limitar su desenvolvimiento en el ámbito social”, señaló el especialista. Rosales explica que existen tres etapas de la infancia. En la primera y segunda infancia (de 0 a 6 años), los niños se encuentran en pleno proceso de aprendizaje y desarrollo del lenguaje, por lo que se recomienda evitar el acceso al celular y reforzar la autoridad parental mediante explicaciones claras. En la tercera infancia (de 7 a 11 años), considera que puede existir mayor flexibilidad, siempre bajo normas y supervisión. El especialista añade que los dispositivos móviles no deben convertirse en una necesidad. Recomienda no permitir su uso entre los 0 y 5 años, ya que pueden generar alteraciones del sueño, dificultades emocionales, conductas contrarias a la educación familiar y retrasos en el desarrollo del lenguaje. “El lenguaje se construye a través de la interacción; el celular interfiere en ese proceso”, enfatizó. Desde la sociología, Carmen Zambrano sostiene que el uso de herramientas digitales se ha normalizado en la sociedad y que no puede catalogarse como completamente bueno o malo. “El reto está en el equilibrio. No se puede prohibir el celular a un niño si los adultos son los primeros en usarlo de forma constante”, explicó. Según la especialista, los niños aprenden más por observación que por imposición, por lo que el entorno familiar y social influye directamente en su conducta. Zambrano subraya que el medio social impacta en el desarrollo integral del niño y que la responsabilidad no recae únicamente en el hogar. “El uso excesivo del celular perjudica el aprendizaje al disminuir la atención sostenida, reducir el rendimiento académico y generar problemas de conducta, ansiedad y trastornos del sueño. Además, la sobreestimulación de dopamina puede provocar dependencia tecnológica, afectando la memoria y el desarrollo cognitivo”. Informes del Ministerio de Salud Pública (MSP) indican que la exposición prolongada a pantallas altera los ciclos de sueño, lo que incide negativamente en la consolidación de la memoria. Por su parte, la organización Admira Visión alerta sobre el aumento de casos de miopía infantil debido al uso excesivo de dispositivos y la falta de exposición a la luz natural. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda evitar pantallas en menores de un año y limitar su uso a una hora diaria en niños de 2 a 5 años. La psicóloga Katty Caguano Chamaida señala que el uso excesivo del celular suele provocar cambios de comportamiento en los niños, como aislamiento, irritabilidad, agresividad y descenso en el rendimiento académico. Además, advierte que la falta de controles parentales y la navegación no supervisada aumentan el riesgo de exposición a contenidos inapropiados para su edad. Desde la experiencia cotidiana, Nuria Mainato Sánchez, cuidadora infantil, afirma que niños entre 5 y 10 años que pasan demasiado tiempo frente a dispositivos móviles presentan dificultades para compartir, respetar turnos e iniciar conversaciones. “Prefieren la estimulación individual del teléfono, lo que afecta su capacidad para reconocer emociones y cooperar en actividades grupales”, explica. La psicóloga educativa del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), Diana Ochoa Enríquez, con 13 años de experiencia profesional, destaca que el uso frecuente de celulares ha reducido la práctica de la escritura a mano y el uso del lápiz y papel. Frente a esta realidad, señaló que el DECE trabaja anualmente con las familias en temas relacionados con el uso responsable de la tecnología y el control del tiempo frente a las pantallas. Ochoa enfatiza que la tecnología no es negativa si está orientada al aprendizaje. Recomienda que los niños no tengan un smartphone propio y que utilicen laptops como herramientas de investigación. En el caso de adolescentes, el celular puede cumplir funciones de comunicación y monitoreo, siempre bajo supervisión adulta. En la etapa universitaria el uso del celular a veces es necesario y permitido. Sara Martínez, quien estudia abogacía y cursa el cuarto semestre, cuenta que sus docentes sí autorizan que utilicen algún dispositivo para realizar investigaciones. “El problema se presenta cuando algún compañero en lugar de cumplir con el taller se pone a revisar mensajes o las redes sociales y, por eso, a veces limitan el tiempo”. Si bien la tecnología puede convertirse en una aliada del aprendizaje cuando es utilizada con criterios pedagógicos y supervisión adulta, su uso excesivo y sin límites afecta la atención, la convivencia y el desarrollo emocional de los niños y jóvenes. Frente a esta realidad, especialistas coinciden en que la clave no está en prohibir, sino en educar, establecer normas claras y promover entornos donde el diálogo, el ejemplo y la corresponsabilidad permitan un uso equilibrado de los dispositivos tecnológicos en favor de una formación integral.
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En distintos barrios de Guayaquil, el miedo dejó de ser una sensación esporádica para convertirse en parte de la vida cotidiana. Caminar hasta la tienda, esperar el bus, regresar del trabajo o sentarse frente a la casa son actividades que se realizan con cautela, mirando a los lados y anticipando cualquier amenaza. Los vecinos saben que un asalto puede ocurrir a plena luz del día, que una amenaza puede llegar sin previo aviso y que, en ocasiones, el simple hecho de estar en el lugar equivocado puede desencadenar una tragedia. Esta realidad no solo afecta la tranquilidad de las personas, sino que vulnera derechos fundamentales que deberían estar garantizados como la libertad de circular sin miedo por el propio barrio, el derecho a ocupar los espacios comunes, a convivir de forma segura y a expresarse sin temor se han ido debilitando progresivamente. En muchos sectores, la inseguridad ha impuesto una norma silenciosa: no denunciar, no hablar, no preguntar. El miedo se ha convertido en una barrera que decide quién alza la voz y quién guarda silencio para sobrevivir. Vivir bajo esta constante amenaza no impacta únicamente la seguridad física. También deteriora la salud emocional, fragmenta la convivencia y transforma la identidad de los barrios. Detrás de cada puerta cerrada antes de tiempo y de cada mirada desconfiada hay historias de asaltos, amenazas, pérdidas y silencios forzados. A través de los testimonios de vecinos, autoridades y especialistas, este reportaje reconstruye cómo la inseguridad moldea la vida diaria y redefine lo que significa habitar un barrio en Guayaquil. Allisson Aguirre, moradora del barrio Pájaro Azul, relata haber vivido y presenciado hechos de inseguridad que marcaron su vida de forma irreversible. Uno de los episodios más impactantes fue observar un asalto violento en el que una persona fue brutalmente agredida, al punto de rozar la muerte. A este hecho se sumó una experiencia aún más cercana: un familiar suyo fue atacado durante la madrugada, un suceso que, según afirma, la marcó emocionalmente de por vida. A partir de estos episodios, el miedo se instaló en su rutina diaria. Al salir de su casa, Allisson siente la necesidad de mantenerse en constante alerta, observando cada movimiento a su alrededor por temor a convertirse en una nueva víctima. Esta situación ha limitado su derecho a circular libremente y ha alterado sus hábitos cotidianos, generando una sensación permanente de inseguridad. La señora, de tez blanca y elocuente, asegura sentirse desprotegida debido a la escasa presencia policial en el sector y a la respuesta tardía de las autoridades ante emergencias. “El miedo se ha normalizado entre los vecinos”, explica. Esta normalización ha afectado la convivencia comunitaria y ha reducido el contacto entre las personas, ya que la mayoría prefiere resguardarse en sus hogares. De este modo, el temor constante ha transformado no solo la vida individual, sino también la manera en que los vecinos se relacionan entre sí. La inseguridad, un desafío que exige trabajo conjunto Desde el ámbito institucional, la Cabo Segundo Mariana Zambrano, integrante de la Policía Nacional del Ecuador, Zona 8, Distrito Casuarina, reconoce que la inseguridad continúa siendo uno de los principales desafíos en los barrios de Guayaquil. Robos, extorsiones y conflictos se presentan a diario, generando un ambiente de intranquilidad y temor constante entre los habitantes La uniformada explica que, aunque se realizan patrullajes constantes y se impulsan proyectos comunitarios, persiste una brecha de desconfianza entre la ciudadanía y las autoridades. Uno de los principales obstáculos es el miedo de las víctimas a denunciar. Muchas personas prefieren guardar silencio por temor a represalias, lo que dificulta la identificación y sanción de los responsables. Ante esta realidad, la Policía trabaja en brindar protección y acompañamiento a las víctimas con el objetivo de motivarlas a denunciar y romper el círculo del silencio. Entre las medidas necesarias, Zambrano destaca el refuerzo de la presencia policial, la mejora de la iluminación en los barrios y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia. Asimismo, subraya la importancia de la organización comunitaria. “La seguridad no es responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional, sino el resultado de un esfuerzo compartido entre la comunidad y las autoridades”, afirma. El miedo dentro del hogar La inseguridad también ha penetrado en los hogares del barrio García Moreno. Johanna (nombre protegido), ama de casa de 48 años, vive con el temor permanente de que sus hijos no regresen cada vez que salen. Su testimonio refleja una realidad que se repite en muchos sectores del país, donde la tranquilidad parece haberse perdido por completo. Uno de los episodios más traumáticos ocurrió cuando su hijo de 21 años fue interceptado mientras se dirigía a clases nocturnas. El joven fue subido por la fuerza a un mototaxi, golpeado, amenazado y retenido durante varios minutos mientras los agresores buscaban objetos de valor. En un acto desesperado por salvar su vida, logró lanzarse del vehículo en movimiento y huir herido. Aunque regresó a casa con vida, las secuelas emocionales marcaron profundamente a toda la familia. La violencia también alcanzó directamente a Johanna en 2025, cuando fue asaltada a plena luz del día mientras caminaba con sus perros y su nieta de 11 años. Dos sujetos en motocicleta la amenazaron de muerte, la despojaron de su dinero y la agredieron físicamente sin importar la presencia de la menor. Rodeadas de personas que no intervinieron, el miedo y la impotencia se apoderaron de ambas. Hoy, Johanna asegura sentirse desprotegida en un país donde la delincuencia no tiene horario y donde denunciar puede significar un riesgo mayor. Lo que antes era el aroma de las fritadas y el bullicio de una parroquia comercial activa, en la actualidad se ha transformado en un paisaje de puertas cerradas y miradas desconfiadas. Pascuales, una de las zonas con mayor arraigo popular de Guayaquil, atraviesa uno de sus momentos más oscuros debido al incremento sostenido de la violencia y las extorsiones. La dinámica del sector ha cambiado drásticamente. Al caer la tarde, los negocios bajan sus persianas metálicas mucho antes de lo habitual y las calles, antes llenas de vida, se convierten en espacios desiertos donde el miedo parece imponerse. Manuel (nombre protegido), propietario de una pequeña ferretería en la calle principal en Pascuales, desde hace más de 20 años, relata con voz entrecortada cómo la delincuencia ha secuestrado su cotidianidad. “Ya no se trabaja para vivir, se trabaja para pagar la ‘vacuna’”, confiesa. Hace tres meses, recibió amenazas de jóvenes armados que le exigieron dinero a cambio de permitirle seguir trabajando. “Uno cree que es broma hasta que escucha los disparos o ve que al vecino le quemaron el local”, relata. Desde entonces, cada sonido de una motocicleta despierta el temor de perder lo poco que ha construido en toda una vida. Manuel asegura su local con varios candados y cierra mucho antes de lo habitual, mientras considera seriamente abandonar el negocio. La inseguridad también ha traspasado los muros y garitas de las urbanizaciones, espacios que durante años fueron percibidos como sinónimo de protección y tranquilidad. Robos, extorsiones y sicariatos se han vuelto cada vez más frecuentes, debilitando la sensación de resguardo que ofrecía el control de accesos y la vigilancia privada. Esta realidad evidencia que los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) no distingue entre zonas abiertas o cerradas y que la protección de la vida y los derechos de las personas sigue siendo un desafío pendiente incluso en los espacios que prometían estar a salvo. Las heridas invisibles de la violencia Desde la psicología, Valeria Baque Jordán, explica que la superación del trauma provocado por la violencia es un proceso complejo que requiere tiempo y acompañamiento profesional. El primer paso, señala, es restablecer la sensación de seguridad, tanto física como emocional, ya que la violencia quiebra la percepción de control y confianza. La especialista recomienda terapias centradas en el trauma, como la cognitivo-conductual, que permiten regular emociones y disminuir síntomas como el miedo, la ansiedad y la culpa. Asimismo, destaca la importancia de fortalecer la autoestima, promover redes de apoyo y fomentar prácticas de autocuidado. “El trauma no define a la persona”, afirma, y subraya que con el acompañamiento adecuado es posible reconstruir un proyecto de vida y romper el silencio impuesto por el miedo. Cifras que confirman el temor La magnitud del problema se refleja en las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En 2025, Ecuador cerró el año con 9.216 homicidios intencionales, la cifra más alta de su historia. Con una población estimada de 18,1 millones de habitantes, la tasa de muertes violentas alcanzó los 50,91 por cada 100.000 personas, superando ampliamente los registros de años anteriores. Pese a las medidas gubernamentales, como la declaratoria de conflicto armado interno y los Estados de Excepción, la violencia no disminuyó. La mayoría de las muertes se concentraron en zonas urbanas y en espacios donde la ciudadanía debería sentirse segura, como la vía pública y las viviendas. Las armas de fuego fueron el principal medio utilizado, evidenciando el alto nivel de letalidad de la violencia cotidiana. Aunque algunos homicidios estuvieron ligados al tráfico de drogas o a amenazas específicas, la mayoría refleja un problema de criminalidad que afecta la vida diaria de la población y subraya la urgencia de medidas efectivas de prevención y control con la finalidad de prevenir víctimas colaterales. Estos datos muestran que la inseguridad sigue siendo un desafío urgente para la vida cotidiana de la población. La inseguridad en Guayaquil no es solo una estadística ni una noticia recurrente. Es una experiencia diaria que redefine la forma de vivir, relacionarse y habitar los barrios. Mientras el miedo siga imponiendo silencio y aislamiento, la vida comunitaria continuará debilitándose. Recuperar la seguridad implica no solo control policial, sino también reconstruir la confianza, proteger a las víctimas y devolver a los barrios el derecho a vivir sin miedo.
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Entre la necesidad y la espera, miles de personas intentan ganarse la vida sin garantías laborales Redacción Elizabeth Zambrano Perero, Rubén Andrade Suarez, Baque Choez Jordy El trabajo dejó de ser una garantía. Para miles de personas, tener empleo ya no significa estabilidad, sino sobrevivir entre contratos temporales, ingresos irregulares y la amenaza constante de quedarse sin nada. La precariedad laboral se ha vuelto parte del paisaje urbano, especialmente en los barrios donde la informalidad y la violencia conviven a diario. Esta combinación de factores no solo afecta los ingresos familiares, sino que erosiona la estabilidad emocional y la sensación de futuro en una ciudad donde el trabajo dejó de ser sinónimo de seguridad. Las cifras oficiales confirman esta realidad. Las encuestas laborales muestran que ocho de cada diez nuevos empleos precarios se concentran en las ciudades, una tendencia que ha reducido los ingresos mensuales de miles de hogares y ha incrementado la vulnerabilidad económica. En Guayaquil, esta situación se siente con mayor fuerza en los barrios populares, donde el empleo informal es, muchas veces, la única alternativa. El impacto de esta inestabilidad va más allá del plano económico. El psicólogo Julio del Junco advierte que la pérdida de empleos formales y el crecimiento del trabajo informal han provocado un deterioro significativo en la salud mental de la población. “La crisis dejó desempleo masivo e informalidad, y hoy vemos altos niveles de ansiedad, estrés y depresión”, señala. Datos del Ministerio de Salud Pública respaldan esta alerta: el 62 % de las personas desempleadas presenta ansiedad severa, pero solo el 28 % accede a atención profesional, principalmente por limitaciones económicas y por el estigma que aún rodea la salud mental. La geografía de la precariedad también tiene rostro. En el sur de Guayaquil, donde la pobreza y la informalidad se concentran, la violencia se vuelve parte del entorno cotidiano. Durante 2025, varios acontecimientos profundizaron esta fragilidad laboral. En septiembre, el paro del transporte urbano paralizó la movilidad de la ciudad durante varios días. Miles de personas no pudieron llegar a sus trabajos, el comercio se detuvo y las actividades educativas se vieron interrumpidas. Para quienes dependen del ingreso diario, cada jornada sin transporte significó un día sin comida. A esta crisis se sumaron los prolongados cortes de energía eléctrica registrados en distintos momentos del año. La Cámara de Comercio de Guayaquil advirtió que cada hora sin electricidad genera pérdidas millonarias, especialmente para pequeños negocios, talleres y servicios, sectores donde predominan relaciones laborales informales y sin protección social. Para muchos trabajadores, la falta de luz implicó cerrar temprano o no abrir, con un impacto directo en sus ingresos. Las manifestaciones sociales motivadas por ajustes económicos y la eliminación de subsidios también afectaron la dinámica productiva. El cierre de vías y la paralización parcial del comercio redujeron los ingresos de trabajadores independientes y pequeños comerciantes, profundizando la sensación de inestabilidad que atraviesa a la ciudad. Desde el ámbito económico, el contador jubilado Jorge Ortiz Sierra sostiene que el problema se agrava por la falta de articulación entre el sistema educativo, los programas de capacitación y las necesidades reales del mercado laboral. “Existen capacitaciones, pero no responden a lo que demandan las empresas”, explica. Los datos del INEC refuerzan esta afirmación: menos del 45 % de la población ocupada en Ecuador accede a empleo formal, lo que evidencia que la formación, por sí sola, no garantiza estabilidad laboral. La OIT y diversos análisis empresariales coinciden en que persiste un desajuste estructural entre la oferta educativa y las demandas del mercado. Paradójicamente, la Encuesta ENEMDU de diciembre de 2025, muestra una mejora general en los indicadores laborales del país. El empleo adecuado o pleno alcanzó el 37,1 %, con un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto a 2024. Sin embargo, la brecha entre el área urbana (46,0 %) y la rural (20,2 %) sigue siendo marcada. Aunque la pobreza por ingresos y la pobreza extrema disminuyeron a nivel nacional, las desigualdades territoriales persisten y afectan con mayor fuerza a los sectores históricamente excluidos. Detrás de estos números están las historias que rara vez llegan a las estadísticas. El sonido constante de las máquinas en una camaronera, por ejemplo, no siempre es sinónimo de estabilidad. Para muchos trabajadores, ese ruido anuncia empleo solo por temporadas. En Ecuador, cuando el oleaje incrementa la producción, las exportaciones de camarón crecen —entre enero y junio aumentaron cerca del 16 % en volumen y hasta el 20 % en valor—, consolidándose como el principal producto de exportación del país. Pero ese crecimiento no se traduce en derechos laborales. Leyla Andrade, de 24 años, madre soltera y profesional graduada, conoce bien esa dinámica. Ingresó a trabajar a inicios de 2025, pero en abril fue despedida junto a decenas de compañeros por la baja producción. Sin empleo, comenzó a fabricar letras y figuras de fomix para subsistir. El ingreso era mínimo, pero constante. Meses después, con el repunte productivo, la empresa la volvió a llamar. Regresó al mismo puesto, sin contrato fijo y con jornadas de hasta 12 horas de pie. “Aceptar no fue una elección, fue una necesidad”, resume. La historia se repite. Néstor Arreaga, de 22 años y padre de una niña pequeña, también fue contratado y despedido bajo la misma lógica. Tras su desvinculación, trabajó como ayudante de albañil en su barrio. No era su oficio, pero era la única opción. Hoy volvió a la camaronera, consciente de que su permanencia depende más del comportamiento del mar que de sus derechos laborales. La incertidumbre, dice, pesa tanto como el cansancio físico. La precariedad tampoco se limita al sector industrial. Juan Francisco Sánchez mantiene abierta su tienda gracias al trabajo agrícola de su familia. Cada semana recibe frutas y vegetales desde el campo para abastecer el negocio. Sin embargo, durante el paro nacional, el cierre de vías interrumpió el traslado de productos, generando pérdidas económicas. A esto se sumó la inseguridad: las amenazas de extorsión se volvieron parte del día a día. Para él, trabajar ya no es solo producir, sino resistir. Estas historias revelan una realidad estructural: el crecimiento productivo no garantiza estabilidad laboral. La dependencia de factores naturales, la normalización del empleo temporal, la informalidad y la violencia mantienen a miles de trabajadores en una situación de vulnerabilidad permanente. En Guayaquil, la precariedad laboral dejó de ser una experiencia individual para convertirse en un fenómeno sistémico que exige políticas públicas urgentes, orientadas a la protección del trabajador y a la construcción de un empleo digno y sostenible. Desde las primeras horas de la mañana, el centro de Guayaquil se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan trabajo por días. Hombres con brochas gastadas, baldes de pintura o herramientas de albañilería esperan de pie, observando el paso de los autos y de posibles clientes. Ofrecen su oficio con pocas palabras y mucha paciencia: pintar una pared, levantar un muro, reparar una fuga. No hay contratos ni garantías, solo la esperanza de que alguien se detenga y les dé una oportunidad. Para muchos, ese espacio es una oficina improvisada donde el tiempo se mide en miradas esquivas, llamadas que no llegan y la necesidad urgente de llevar algo de dinero a casa antes de que caiga la noche. “Yo vengo casi todos los días a los bajos de Radio Cristal”, cuenta Fabricio (nombre protegido), pintor desde hace más de quince años. “Aquí uno se para temprano, con la brocha en la mano, esperando que alguien llegue y dé trabajo. A veces sale algo, a veces no. Hay días que regreso a casa sin un centavo, pero igual hay que venir. No tenemos contrato ni seguro, solo la palabra del cliente. Uno trabaja rápido, bien hecho, porque sabe que mañana puede volver a necesitar que lo llamen. Cansa, no solo el cuerpo, también la cabeza, porque nunca sabes si la próxima semana vas a tener para pagar el arriendo o la comida”. Mientras el trabajo siga siendo una promesa frágil por parte de las autoridades gubernamentales y no un derecho garantizado, miles de personas continuarán levantándose cada día con la esperanza de ser escogidas, aunque sea por unas horas, para poder seguir adelante.
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Historias reales que rompen el silencio sobre la ansiedad y la depresión en jóvenes Redacción: Yulisa Chimbolema Sagñay, Ashley Navarrete Gómez, Emily Salazar Ortega y Jessica García Rodríguez La ansiedad y la depresión no siempre se ven. Asisten a clases, conversan con normalidad y sonríen para disimular tormentas internas. En Ecuador, cada vez más jóvenes enfrentan estas enfermedades mientras intentan sostener una vida que, hacia afuera, parece normal. Detrás de esa apariencia se esconden noches sin dormir, pensamientos repetitivos y una sensación constante de vacío. El sociólogo Byron Malán Naula advierte que estos trastornos afectan de manera directa el rendimiento académico, las relaciones sociales y el bienestar físico y emocional de los jóvenes. Según explica, la desmotivación, los problemas de concentración, el insomnio y el aislamiento limitan su desarrollo integral. Factores como la presión académica, la falta de apoyo emocional, la exposición a la violencia y el acceso restringido a servicios de salud mental agravan la situación. En Ecuador, añade, la depresión figura entre las principales causas de discapacidad en personas de 15 a 29 años, lo que evidencia la magnitud social del problema. Nathalie López conoce ese silencio de cerca. Su vida cambió tras una depresión posparto y la pérdida de un ser querido durante la pandemia. Lo que comenzó como tristeza se transformó en insomnio, taquicardias y ataques de pánico. “Tenía miedo de salir de casa, incluso de hacer cosas normales”, recuerda. Durante más de un año cargó sola con el miedo a ser juzgada. La ansiedad fue apagando a la mujer activa que era, llevándola al aislamiento. El punto de quiebre llegó cuando su familia intervino. Comprender que su padecimiento tenía un diagnóstico fue el primer paso para reconstruir su vida. Hoy reconoce que hablar abiertamente de salud mental es una forma de romper estigmas. Una historia parecida vivió Itzel Pacheco. Sus primeros síntomas aparecieron de forma gradual: angustia constante, pensamientos negativos, insomnio y una tristeza que no sabía explicar. Aunque estaba rodeada de personas, se sentía invisible. “Intentaba aparentar que todo estaba bien”, confiesa. El desgaste emocional comenzó a reflejarse en sus estudios y en su comportamiento. Fueron sus familiares y amistades quienes notaron el cambio y la ayudaron a buscar terapia. En ese proceso aprendió a identificar lo que sentía y a manejar la ansiedad sin esconderse. Hoy insiste en un mensaje simple, pero urgente: hablar salva y cuidar la salud mental es tan importante como cuidar el cuerpo. Desde la mirada clínica, el psicólogo José Manuel Salazar subraya que la salud mental es un pilar del bienestar integral. Aclara que la depresión no debe confundirse con una tristeza pasajera: se trata de un trastorno persistente que puede prolongarse por meses y manifestarse en culpa, agotamiento, miedo constante y pérdida de energía. La ansiedad, en cambio, se presenta como un estado de alerta permanente, acompañado de preocupación excesiva y síntomas físicos. Salazar sostiene que la terapia cognitivo-conductual ha demostrado alta efectividad en jóvenes, especialmente cuando se combina con acompañamiento familiar y actividad física. También recomienda reducir el uso excesivo de redes sociales, practicar técnicas de respiración y buscar ayuda profesional cuando los síntomas interfieren en la vida cotidiana. Especialistas coinciden en que la prevención requiere una respuesta colectiva. Crear entornos de apoyo, educar en salud mental y garantizar acceso a atención profesional son medidas clave para enfrentar una problemática que ya impacta a una generación entera. Reconocer la ansiedad y la depresión no como debilidad, sino como enfermedades tratables, es un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de los jóvenes. En la página web del Ministerio de Salud Pública (MSP) se informa que en el mundo, cerca de 1000 millones de personas tienen un trastorno mental, siendo la depresión una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes y adultos. Además, uno de cada cinco niños y adolescentes tiene un trastorno mental. En Ecuador, el porcentaje de años de vida perdidos por discapacidad relacionada a problemas de salud mental es del 33,4%: 8,3% por depresión, 5,2% por ansiedad, 1,6% por esquizofrenia, 1,5% por suicidio y trastorno bipolar y 0,9% por consumo de alcohol. En el mismo contexto, en 2023, se produjeron un total de 1.201 muertes por suicidio a nivel nacional con mayor incidencia en población adulta mayor, asimismo hombres y mujeres jóvenes, seguido de adolescentes. Desde enero de 2024, Ecuador cuenta con una Ley Orgánica de Salud Mental que establece el marco legal para su abordaje en el país, ante ello, el MSP trabaja en la Política Nacional de Salud Mental para dirigir acciones hacia la promoción y prevención de factores de riesgo en problemas de salud mental; provisión de servicios con énfasis en el primer y segundo nivel de atención; recuperación e inclusión, cuidado a largo plazo e inclusión socio-comunitaria, además prioriza la capacitación y formación de su personal. Asimismo, la ciudadanía puede acceder a la línea 171 opción 6 en caso de requerir atención de crisis de salud mental. En este servicio, entre enero y septiembre de 2024, se han atendido un total de 23.486 personas. Detrás de cada diagnóstico hay vidas que aún buscan equilibrio, comprensión y una oportunidad para empezar de nuevo. Reconocer estas enfermedades no es admitir fragilidad, sino abrir la puerta a la recuperación. En una generación que aprendió a callar lo que duele, escuchar y acompañar puede ser el gesto que devuelva esperanza.
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El exceso de videojuegos y plataformas digitales fomenta el aislamiento y debilita los lazos familiares y sociales en edades tempranas Redacción James Tobar Sarabia, Daniela Bravo Sanchez, Johan Romero Laje, Jamel Rizzo Morante, Yiliam Morán Valverde, Gabriel Astudillo, Valeska Vélez Ulloa El uso excesivo de videojuegos y plataformas digitales se ha convertido en una preocupación creciente para especialistas, docentes y familias. Lo que inicia como una actividad recreativa puede transformarse, con el tiempo, en una conducta adictiva que afecta el desarrollo emocional, social y académico de niños y adolescentes. La doctora Andrea Proaño, especialista en salud mental del Ministerio de Salud Pública (MSP), explica que la adicción a los videojuegos se manifiesta cuando el uso deja de ser ocasional y se convierte en un abuso constante. “Este comportamiento impacta directamente en los hábitos diarios y en la conducta de los menores”, señala. Entre las principales señales de alerta menciona la irritabilidad, la falta de concentración, los trastornos del sueño y el aislamiento social. La especialista subraya que la prevención depende, en gran medida, del rol activo de padres y docentes. Establecer límites claros, supervisar el contenido digital y fomentar actividades familiares y sociales resulta fundamental para evitar que el entretenimiento derive en dependencia. “Cuando el problema no se detecta a tiempo, puede generar serias dificultades en el desarrollo social de niños y adolescentes”, advierte. Desde el ámbito educativo, la docente Jamel Jazmín Rizzo Morante, de una unidad educativa, coincide en que la tecnología no es negativa por sí misma. Sin embargo, recalca que su uso sin control puede provocar efectos adversos en el rendimiento académico y la convivencia escolar. “El uso excesivo del celular genera distracción, bajo rendimiento y problemas de concentración en el aula”, afirma. Según la docente, estos comportamientos son cada vez más frecuentes entre los estudiantes, lo que refleja una problemática actual dentro del sistema educativo. En el caso de los videojuegos, reconoce que pueden aportar beneficios, como el desarrollo de habilidades cognitivas y el trabajo en equipo. No obstante, advierte que su uso desmedido puede derivar en alteraciones del sueño, irritabilidad y desinterés por otras actividades, evidenciando la necesidad de un equilibrio en el consumo tecnológico. La docente enfatiza, además, la importancia del trabajo conjunto entre la escuela y la familia. En algunos casos, explica, ha sido necesario dialogar con los padres para limitar el uso del celular en casa, demostrando que la comunicación y la orientación son claves para promover un uso responsable de la tecnología. Desde la psicología educativa, la doctora Karla Paola Rengel Zambrano alerta sobre los efectos neurológicos del uso excesivo de pantallas. Explica que los videojuegos activan el sistema de recompensa del cerebro infantil mediante la dopamina, generando una estimulación intensa que las actividades escolares tradicionales no siempre logran igualar. Esta diferencia, señala, provoca frustración, desmotivación académica y pérdida de interés por el estudio. “Muchos niños prefieren permanecer frente a una consola antes que cumplir con sus responsabilidades escolares o compartir tiempo con su familia”, indica la especialista. Ante este escenario, recomienda evitar la entrega temprana de dispositivos tecnológicos, establecer horarios estrictos y supervisar el uso de consolas y videojuegos en el hogar. “La prevención es clave para evitar el fracaso escolar y los daños emocionales”, sostiene, al tiempo que llama a docentes y padres a mantenerse atentos a cambios de conducta y rendimiento. El encierro invisible Al principio parecía inofensivo. Un momento de distracción después de cumplir con las tareas diarias, una forma de relajarse frente a la pantalla. Nadie imaginó que ese pasatiempo terminaría ocupando cada vez más espacio, hasta desplazar el sueño, los estudios y los vínculos familiares. Así comienza el testimonio de Karen (nombre protegido) que decidió contar su historia para advertir sobre una adicción que avanza en silencio: la dependencia a los videojuegos. Con el paso del tiempo, las horas de juego se multiplicaron sin que ella lo notara. La noche se convirtió en madrugada y la pantalla pasó a ser su principal compañía. Poco a poco, el mundo real empezó a resultarle pesado y exigente, mientras que el entorno virtual le ofrecía una sensación inmediata de control y recompensa. “Allí todo parecía más sencillo”, recuerda durante la entrevista. Uno de los cambios más evidentes fue el aislamiento. Las salidas, el deporte y los encuentros con amigos dejaron de tener sentido. El interés por actividades que antes disfrutaba se fue apagando, reemplazado por la necesidad constante de seguir jugando. La adicción no solo alteró su rutina, sino también su forma de relacionarse con los demás, generando una distancia emocional que afectó a su entorno familiar. Este encierro no fue solo social. El cuerpo también comenzó a resentirse. Dolores de espalda, cansancio visual y horarios irregulares de alimentación se volvieron parte de su día a día. Fue en ese punto cuando comprendió que el problema había dejado de ser una simple afición y se había transformado en una amenaza para su salud. Aceptar la adicción fue el paso más difícil, pero también el más necesario. Reconocer que los videojuegos habían tomado el control de su vida marcó el inicio de un proceso de cambio. Establecer límites, buscar apoyo y encontrar nuevas motivaciones fuera de las pantallas se convirtieron en herramientas clave para recuperar el equilibrio perdido. Hoy, su testimonio no busca demonizar a los videojuegos, sino llamar a la reflexión. El verdadero riesgo, afirma, aparece cuando se pierde la noción del tiempo y del autocuidado. Contar su historia es una forma de advertir que salir de ese círculo es posible y que siempre se puede volver a empezar. Una mirada experta La doctora Milena Yépez advierte que este tipo de casos se presentan con mayor frecuencia en niños y adolescentes, debido al fácil acceso a dispositivos electrónicos y a la falta de supervisión. Aunque reconoce que los videojuegos pueden aportar beneficios cognitivos y recreativos, señala que el uso excesivo puede afectar el desarrollo emocional, social y académico. Entre los principales signos de alerta, la especialista menciona la pérdida de control sobre el tiempo de juego, el descuido de las responsabilidades escolares y el aislamiento social. A esto se suman cambios de humor, irritabilidad y dificultades de concentración. Para prevenir esta problemática, Yépez destaca el rol fundamental de los padres. Establecer límites claros, promover actividades fuera de las pantallas y mantener una comunicación constante son acciones esenciales para evitar que el entretenimiento digital se convierta en una adicción. Roblox: entretenimiento bajo la lupa Para miles de niños y adolescentes, Roblox es más que un videojuego: es un espacio de encuentro, creación y socialización. A través de avatares y mundos virtuales se fomenta la creatividad y la interacción social. Los usuarios pueden diseñar juegos, jugar con personas de distintos países y formar equipos para cumplir objetivos comunes. Sin embargo, detrás de esta aparente diversión, crecen las alertas sobre los riesgos que implica el uso prolongado y sin supervisión de un adulto exponiéndolos a contenidos inapropiados. La plataforma permite a sus usuarios comunicarse mediante chats y participar en juegos creados por otros jugadores. Esta libertad digital, aunque fomenta el ingenio, no siempre está acompañada de filtros efectivos ni de una supervisión constante. En consecuencia, algunos menores se enfrentan a comentarios ofensivos, comportamientos inadecuados y contenidos que no corresponden a su edad. Para comprender esta realidad desde la experiencia directa, Ailyn A., (nombre protegido), de 15 años, relata haber tenido encuentros desagradables dentro de la plataforma. “He visto comentarios inapropiados en el chat y comportamientos que no son adecuados para jóvenes”, comenta. También señala que existen juegos que parecen infantiles por su diseño, pero que incluyen elementos extraños o inquietantes. Ante estos escenarios, su reacción suele ser abandonar el juego y utilizar las opciones de bloqueo o denuncia que ofrece la plataforma. A pesar de ello, reconoce que Roblox le ha aportado aspectos positivos. Gracias a la interacción con jugadores de otros países, ha fortalecido su forma de comunicarse y ha desarrollado habilidades como el trabajo en equipo. Sin embargo, admite que el tiempo prolongado frente a la pantalla puede afectar otras áreas de su vida, como la convivencia familiar y el cumplimiento de sus responsabilidades académicas, especialmente, durante los fines de semana. En cuanto a la interacción con otros usuarios, la adolescente afirma que limita su comunicación a lo estrictamente necesario para jugar en equipo y evita compartir información personal, consciente de los riesgos que implican las relaciones en entornos digitales. Desde su experiencia, Ailyn recomienda a otros jóvenes moderar el tiempo que dedican a Roblox y mantenerse atentos a las personas con las que interactúan. Asimismo, hace un llamado a los padres para que supervisen los juegos que utilizan sus hijos y presten atención tanto al contenido como al tiempo que permanecen conectados. El avance de los videojuegos y las plataformas digitales ha transformado la forma en que niños y adolescentes se entretienen, aprenden y se relacionan. Sin embargo, este reportaje evidencia que, cuando su uso no cuenta con límites ni supervisión adecuada, puede derivar en problemas que afectan la salud emocional, el rendimiento académico y la convivencia social. Las voces de especialistas, docentes y jóvenes coinciden en la urgencia de asumir una corresponsabilidad entre familias y escuelas para prevenir conductas adictivas y proteger el bienestar integral de los menores. Más que prohibir la tecnología, el desafío actual consiste en educar para un uso consciente, equilibrado y responsable, que permita aprovechar sus beneficios sin poner en riesgo el desarrollo de las nuevas generaciones.
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